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Soberanía Tecnológica y Software Libre para Colombia (II)

Soberanía Tecnológica y Software Libre para Colombia (II)

Los prolegómenos de un programa tecnológico nacional

Anteriormente describimos la necesidad de integrar el punto de libertad del software a un Programa Tecnológico Nacional en las condiciones económicas de Colombia, un país en vías de desarrollo. Este programa debe sustentarse en un conjunto de principios que correspondan con el desarrollo de una economía capitalista de libre competencia contrapuesta al modelo actual de globalización y monopolio, frente al cual se opone de igual manera el movimiento de software libre.

El primer principio es el de soberanía nacional, entendido no como el cierre de fronteras frente al mercado internacional ni contra la inmigración de otros pueblos del mundo con un enfoque chovinista, sino como el rescate del aparato productivo y el mercado nacional en condiciones de integración equitativas con otros países del mundo, con preferencia por los de la región y economías similares.

El segundo principio es el de la idea de progreso o uso de la Razón humana para la mejora permanente del bienestar de la especie. Proviene de la época de la Ilustración y propende por la implementación de modelos y prácticas que ofrecen nuevas soluciones a problemas de los seres humanos. Aquí está incluida la investigación académica, el desarrollo industrial en la economía, el progreso tecnológico y la creatividad en el mercado.

El tercer principio es el de la libertad, entendido como la autonomía de todos los individuos y sociedades no de un puñado de ellos para colaborar, disponer de su voluntad y de su propiedad sin necesidad de la intervención del Estado o de un monopolio privado. A diferencia de la época actual de la globalización norteamericana, se reserva la intervención del Estado para evitar la posición dominante de una minoría de individuos o sociedades que someten a una mayoría menos poderosa, o para administrar sectores estratégicos de la economía nacional, por ejemplo el energético.

El cuarto principio es el de la preeminencia de la renta del trabajo sobre el capital, en especial en el contexto del desarrollo tecnológico actual. El periodo de la economía actual fomenta la creación de nuevas formas para disminuir la utilización del factor de producción trabajo, disminuyendo sus ingresos, reemplazándolo por la automatización en los bienes de capital. Esto tiene como consecuencia la peor distribución de la riqueza y el desempleo estructural debido a la economía de escala y la disminución de costos en los sectores industrial y de servicios de la producción. Si llegase a ser necesario, se debe utilizar la tecnología solo para reemplazar actividades repetitivas.

El quinto principio es el de la utilización de energías alternativas debido al ya ostensible agotamiento del planeta para procesar combustibles no renovables. Se entiende por energía alternativa aquella que sea renovable, no agote los recursos naturales y reduzca dramáticamente la producción de residuos contaminantes.

El sexto principio es el de la descentralización territorial dentro de las fronteras del país, esto para una mejor distribución de la riqueza, del conocimiento, y para evitar el crecimiento exacerbado de urbes que agoten el territorio donde se ubican.

Establecidos los fundamentos mediante seis principios, a continuación se definen los elementos que componen el Programa Tecnológico Nacional. Estos son: el hardware, las redes de comunicaciones, el software, los datos, la ciberseguridad y la creatividad o modelo de negocio. La energía necesaria para poner a funcionar este sector productivo la dejamos a un programa de Política Energética Nacional.

El hardware

Actualmente es imposible construir una industria tecnológica solamente dentro de las fronteras de la nación, existe una división internacional de la producción especialmente en materia de hardware, por distintas razones, entre ellas la extracción de minerales algunos de los cuales no están dentro de las fronteras del país, la fabricación de piezas especiales, el ensamblado, etc.

La propuesta es que Colombia se especialice en algunos sectores de la producción de hardware que le permitan ser proveedor de grandes marcas de aparatos tecnológicos, y que en un periodo largo de tiempo sea capaz ella misma de fabricar productos finales de alta tecnología en hardware. Esto mediante un proceso de aprendizaje, un marco económico y normativo que incluya un plan de ordenamiento territorial en materia de la industria del hardware. La producción inicial debería enfatizar en el sector de los circuitos integrados.

El ordenamiento territorial de la industria del hardware debería fundamentarse en dos pilares: las fuentes de energía alternativa y la descentralización. El primer punto significa que la energía alternativa se produce en las regiones, y por tanto es más costoso distribuirla hacia las ciudades principales. Lo anterior implica que la industria no necesariamente se ubica en las ciudades capitales, sino cerca a las fuentes de energía o en las regiones. Este punto incluye el análisis de los atlas solar y de vientos de Colombia, que indican cuál es la capacidad de los territorios de generar energía renovable.

Por otra parte, un último pero no menos importante papel de las capitales es implementar una infraestructura de hardware y de datos abiertos, para que sean usados por empresarios nacionales del sector tecnológico para crear nuevas oportunidades de negocio, mediante servicios ofrecidos a los ciudadanos en materia de servicios públicos, como movilidad, salud, educación, cultura, etc. Es lo que se llama Gov 2.0 en palabras de Tim O’Reilly.

Las redes de comunicaciones

Las redes de comunicaciones incluyen la internet, la red fija y móvil, los cables submarinos y los satélites.

Respecto a internet, se resalta la necesidad de trasladar hacia el país varios servidores de resolución de dominio (DNS) debido a la vulnerabilidad a la que se están viendo sometidos por ataques de denegación de servicios (DDoS), protegidos por una infraestructura de cortafuegos. Se protegerían servicios fundamentales de interés nacional para el Estado.

Las redes fijas y móviles son el mayor activo que tienen las comunicaciones de Colombia. Desarrolladas durante décadas para redes fijas de telégrafo y telefonía, en el caso de la red fija, y en las últimas dos décadas para la creciente comunicación móvil, hoy están en su mayoría en manos de las multinacionales que adquirieron las otrora empresas públicas.

Según cifras de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y analistas del tema, se ha inclinado la balanza al mayor desarrollo y uso de la red móvil, con predominio de uno de los prestadores del servicio. Este es un esquema principalmente orientado al consumo de contenidos y no al de la investigación científica, o la producción de bienes y servicios de la economía nacional. Un programa nacional volvería inclinar la balanza hacia el desarrollo de la red fija y orientada a suministrar comunicaciones al sector secundario de la economía o a la academia investigativa.

Los cables submarinos continúan representando la necesidad de enviar y recibir datos a todo el mundo, y la nación debe instalar algunos de su propiedad, con recursos públicos o privados. En especial, no depender de un país extranjero para tener conexión a internet y a centros de datos estratégicos.

La conexión satelital, de igual manera es fundamental para comunicaciones en tiempo real y desarrollo de aplicaciones con información geográfica; se requiere que Colombia o una alianza de países de la región sean dueños de sus propios satélites, como está ocurriendo en Europa.

El software

El papel de las ciudades capitales del país es principalmente construir la capa superior de la industria nacional de hardware, mediante producción de firmware que sea la base para la exportación de este componente tecnológico.

Si se desarrolla software para distintos tipos de hardware, ya sea para la captura, transmisión, procesamiento, envío o almacenamiento en diferentes tipos de dispositivos, se modifica la producción predominante actual de software para usuario final que hay en el país hacia una destinada a ser la capa intermedia de estos dispositivos. Esto cambiaría a su vez la actual orientación de las cátedras de ingeniería de software hacia una destinada a resolver problemas no funcionales como el rendimiento y el consumo de energía, o hacia la mejora de algoritmos, el uso de estructuras de datos, la programación funcional, los sistemas distribuidos, la inteligencia artificial. Es decir, con un enfoque mayor hacia las ciencias de la computación.

Actualmente predominan las necesidades para el análisis de gran cantidad de datos generada por los millones de dispositivos conectados a internet, lo cual requiere la construcción de aplicaciones capaces no solo de resolver problemas de usuario final sino de capacidad de procesamiento y predicción, hacia lo cual debe apuntar el país en un futuro no muy lejano. Así mismo se está modificando el modelo fundamental de la computación basado en la máquina de Turing por uno de computación cuántica, el cual modificaría trascendentalmente la concepción de desarrollo de software ante lo cual Colombia debe estar a la vanguardia.

El software así como el hardware se deben producir con un modelo de licencia libre lo cual debe ser promovido por el Estado ante el sector privado que se involucre en la producción tecnológica. Acerca del modelo de negocio que corresponde a este esquema se referirá uno de los siguientes puntos.

Los datos

Los datos son la sustancia de las aplicaciones de software, y dependiendo de su utilidad pública o privada, deben ser protegidas las libertades individuales y colectivas de sus dueños. Si son datos de naturaleza privada, es decir, aquellos que se refieren a asuntos de índole personal o familiar como comunicaciones privadas, se deben proteger de principio a fin ante cualquier objetivo de publicarlos, ya sea por parte de delincuentes informáticos (crackers), de corporaciones para hacer estudios de mercado o por parte del mismo Estado.

Si son de naturaleza pública, estos deben ser publicados ya que son de interés general. Por ejemplo, el sistema de rutas de transporte de una ciudad, la cantidad de producción anual de un producto agrario, el valor de los insumos de dicho sector, la ejecución de inversiones y gastos de una entidad territorial, etc. Algunos datos del Estado deben ser privados ante otro Gobierno extranjero en materia de seguridad nacional, por ejemplo en materia militar, con el objetivo de defender los intereses de la nación.

Para ambos casos se deben establecer licencias para uso, recopilación, copia, modificación, distribución, etc., según sea el caso, pero en especial, los datos de naturaleza pública deben tener licencias abiertas, y se debe reglamentar su uso comercial de tal forma que no privilegie y beneficie económicamente a una minoría de organizaciones contra la mayoría de la población.

Por otra parte, Colombia debe propender por trasladar los centros de datos sensibles hacia el interior de las fronteras nacionales, lo cual requiere que exista la infraestructura necesaria para que se puedan reemplazar de manera importante los alojamientos en centros de datos extranjeros. Parte de esa producción nacional de hardware debería estar destinada a este objetivo. Así como se protegen mediante cortafuegos ante intrusos internacionales los servidores de nombres de dominio, igualmente se deben proteger estos centros de datos, especialmente los de información de interés nacional.

La ciberseguridad

Los aspectos fundamentales de la ciberseguridad o seguridad informática, en el marco de los seis principios definidos, son los siguientes: protección de los intereses de la nación, protección de la privacidad de los ciudadanos, desarrollo de infraestructura estratégica.

La protección de los intereses de la nación en materia tecnológica incluyen el sector productivo, laboral, energético, financiero, e infraestructura, como los más importantes, y los que considere un Gobierno que quiera virar hacia un modelo por fuera de la globalización. Los intrusos pueden ser monopolios privados, otros Estados, o delincuentes informáticos.

La protección de la privacidad de los ciudadanos ante intrusos nacionales o extranjeros es fundamental para promover la libertad característica de una democracia liberal, aun en la era de la informática donde permanentemente su información privada está expuesta. Esto incluye la protección para la organización social y la libertad de expresión.

El desarrollo de la infraestructura de seguridad informática, además de las topologías expuestas anteriormente, requiere del conocimiento para administrarla y desarrollarla. Esto se refiere a la formación de una capacidad humana para ejecutar acciones orientadas a proteger los dos puntos antes señalados, los intereses de la nación y la privacidad de los ciudadanos. Se requiere una cantidad creciente de expertos que realicen esta protección y compitan con los mejores países en la materia. Colombia se ha destacado recientemente en ciberseguridad aún con la infraestructura existente, lo cual demuestra la oportunidad de conseguir mejores resultados.

Otro aspecto de la infraestructura de la ciberseguridad es el cifrado, tal vez su columna vertebral. El cifrado es el ocultamiento del contenido de los datos que subyacen en la infraestructura tecnológica, es una metodología para evitar la intrusión. No debe ser el único método para ocultar los datos ante intrusos, pero la infraestructura cambia permanentemente y obliga a que estas formas se modifiquen de igual manera. Por ejemplo, la computación cuántica haría imposible mantener oculto un mensaje con los actuales métodos, lo cual hace necesario pensar unos nuevos. Ese equipo de expertos creciente debe resolver estos problemas.

Todas las herramientas de ciberseguridad deben ser de software libre para que se garantice su probidad, por ejemplo, que estas no tengan puertas traseras que permitan la introducción de un intruso. De igual forma, la comunidad permite realizar mejora continua a estas aplicaciones.

El modelo de negocio

Hace falta abordar un punto fundamental: el modelo de negocio, investigación y desarrollo, el cual, dada su extensión, será expuesto en un siguiente artículo. En este se explicará el papel de la investigación científica, de la creatividad en ingeniería, de las licencias libres, de la formación empresarial, del mercado, y la articulación de todas ellas en un mecanismo para generar ingresos al país y llevarlo a la vanguardia tecnológica.

La anterior propuesta está abierta para que sea compartida, discutida y complementada por la comunidad de software y por la población en general. Envíe sus comentarios acerca de la misma.

Rodrigo Cruz H.

@rodcruzh

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Soberanía Tecnológica y Software Libre para Colombia (I)

Soberanía Tecnológica y Software Libre para Colombia (I)

El software libre en la era del capitalismo monopolista

Cuando se conformó el movimiento de Software Libre en Estados Unidos en 1984 por Richard Stallman, este país era uno de los líderes en producción tecnológica debido a realizaciones tan importantes como los circuitos electrónicos, los computadores personales, la internet, el correo electrónico, la inteligencia artificial, entre otros, así como el poseer empresas de la talla de IBM, Microsoft, Apple, etc. Más tarde este país se convertiría en el líder indiscutible con la caída de la hegemonía soviética.

Estados Unidos alcanzó este predominio con base en su poderosa economía del sector financiero, la industria, el petróleo y la hegemonía del dólar como moneda de comercio internacional durante el siglo XX. Las inversiones en tecnología por causa de las necesidades de la Guerra Fría y el surgimiento de Silicon Valley como modelo de desarrollo tecnológico, pusieron al país norteamericano a la cabeza de la innovación tecnológica junto con la Unión Soviética, no sin antes haber logrado la consolidación de un capitalismo de libre competencia en el siglo XIX.

Precisamente estas condiciones permitieron que en la década de los 80, con el auge de los computadores y los sistemas operativos, se cuestionara el modelo de negocio de estos últimos basado en la propiedad del software. A cambio, se proponía la creación de una licencia que permitiera liberar la parte legible por humanos de los programas de computador, el código fuente, de tal forma que ningún creador de software pudiera poseerlo ni ocultarlo y así fomentar la colaboración de los ciudadanos.

Esta licencia, el copyleft, propuso un modelo de negocio que hoy es fundamental para muchas empresas tecnológicas, y ha conseguido en parte su objetivo original: la libertad de colaboración entre los ciudadanos y su dominio sobre la tecnología que usamos cada vez más a diario. Este último objetivo aún no se ha conseguido a cabalidad, todavía hay emporios tecnológicos que, mediante la propiedad y el ocultamiento de los programas de computador, dominan a las personas que los usan, coartando la libertad ciudadana.

Para Richard Stallman fue fundamental el principio de la libertad para promulgar su movimiento del software libre, basado en los postulados de la Constitución Política de los Estados Unidos. Esa misma Constitución fue creada bajo el establecimiento de los preceptos de la libertad, fraternidad e igualdad de la revolución democrático-burguesa del siglo XVIII, que dieron origen a la democracia, la adopción de sistema capitalista de libre competencia, y a la creación de los Estados Nacionales.

Hoy en día el capitalismo ha dado un giro hacia el monopolio, eliminando la genuina libre competencia, rebasando las fronteras de los Estados Nacionales a cambio de la globalización, y así mismo, ha coartado de diversas formas las libertades individuales y colectivas que caracterizan a cualquier sociedad liberal decimonónica. Una muestra son los monopolios en el sector tecnológico que promueven prácticas que coartan la libertad de los ciudadanos mediante sus productos cerrados, que funcionan como cajas negras. Frente a estas se ha opuesto el movimiento de software libre.

El software libre en un país en desarrollo

En ese contexto, se adopta en Colombia dicho movimiento de la sociedad civil, apareciendo diversas comunidades en las universidades y en las facultades de ingeniería nacionales, y realizando eventos para promocionar su uso entre los ciudadanos y el Estado. Su enfoque es más bien pragmático, semejante a la variante aparecida también en Estados Unidos que se autodenominó de código abierto (open source).

Debido a este enfoque se moderó la promoción de la libertad de software como parte de las libertades individuales y colectivas de una sociedad liberal, a cambio de una facilidad de adopción para los ciudadanos, las empresas y las instituciones públicas. Su objetivo es más el de la utilización de tecnologías abiertas, el reemplazo de aplicaciones de multinacionales tecnológicas por alternativas abiertas, el emprendimiento con estas aplicaciones, y en general, la solución de problemas puntuales para los usuarios y creadores de software.

Frente a esta situación, se plantean dos preguntas: ¿La solución de problemas puntuales específicos en materia de software llevará a la derrota de los emporios tecnológicos, es decir, solo mediante la promoción de software de código abierto? Y la segunda pregunta es, ¿Colombia es una auténtica sociedad liberal que ha consolidado su capitalismo, que genera las condiciones para la aparición de un movimiento de software libre?

La respuesta a la primera se ha debatido innumerables veces por la comunidad de software, y no la vamos a profundizar mucho en este artículo. Pero una respuesta rápida es que no derrotará a los emporios de software propietario porque, al contrario de lo pensado, estos mismos han sido los principales promotores del código abierto para lograr lo que han alcanzado. Casos como los de Google, Samsung, Oracle, IBM, Cisco, y ahora Microsoft, han sido algunos de los que más han aportado al desarrollo del kernel de Linux, el cual se ha adoptado para el sistema operativo móvil Android.

Pero nos concierne más enfocarnos en la segunda respuesta, la cual abordaremos de la siguiente manera: Colombia no logró desarrollar a plenitud su economía capitalista, ni jamás se logró salir del atraso del feudalismo por la distribución de la tierra que en el país se presenta. En consecuencia, no hay una burguesía liberal que haya llevado al país a un capitalismo avanzado de libre competencia, industrial y tecnológico, y mucho menos a un capitalismo financiero y monopolista.

Colombia es un país en desarrollo según definiciones del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y a nuestro juicio, su economía es una mezcla entre capitalismo no industrial exportador de materias primas, una economía semifeudal con tierras concentradas, y una economía dependiente de la inversión extranjera. Todo su desarrollo tecnológico ha sido alcanzado mediante transferencia de otros países que ha reemplazado la producción nacional.

En ese contexto, la comunidad de software libre debe replantear las bases sobre las que ha estado actuando todos estos años, empezando por exigir el cumplimiento efectivo los principios de libertades colectivas típicos de una sociedad con democracia liberal. Y por otra parte, la necesidad de fomentar un sector tecnológico nacional que establezca las bases de un movimiento de software libre en el contexto nacional de Colombia.

Soberanía tecnológica y software libre para Colombia

Ya que la sociedad democrática liberal nunca se consolidó en Colombia, y en consecuencia no hay libre competencia, ni libertades individuales y colectivas completas, ni un capitalismo industrializado con su respectivo sector tecnológico, la reivindicación del software libre debe convertirse en uno de los puntos de un programa completo de promoción de Soberanía Tecnológica. En este programa, además de adecuar las condiciones para la creación de una industria nacional tecnológica, se debe exigir el cumplimiento de la libre competencia y las libertades colectivas acordes con esta sociedad, entre ellas la de la libertad de software.

El software libre se contrapone al capitalismo monopolista y globalizado característico de las últimas décadas y es más afín con el capitalismo de libre competencia, nacional y que promueve las libertades individuales y colectivas. En ese marco le corresponde a las comunidades la defensa puntual del software libre, así como respaldar la conformación de un movimiento por la soberanía tecnológica. Corresponde a los movimientos sociales, sindicatos, académicos, empresarios nacionales, movimientos políticos alternativos, entre otros, la conformación de un programa de soberanía tecnológica.

En la siguiente publicación abordaremos una propuesta general para la Política Tecnológica Nacional y el papel de software libre dentro de esta.

Rodrigo Cruz H

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La Economía de Uber, Colaborativa Para Algunos (II)

La Economía de Uber, Colaborativa Para Algunos (II)

Continúa la controversia con Uber en Colombia meses después de establecido un decreto para reglamentar el transporte de lujo, dentro de la cual se intentó ceñir este negocio. Pero esto no consiguió que Uber operara como está descrito en la norma, lo cual ha radicalizado las posiciones de todas las partes, empresarios, políticos, usuarios, Gobierno, etc.

Hasta ahora no se ha comprobado que Uber haya resuelto el problema de la movilidad, y debido a que no hay estudios, las opiniones de las partes tienen un carácter subjetivo y emotivo donde priman las posiciones personales que los resultados objetivos. Esperamos con este breve análisis aportar una visión más real de la situación de movilidad.

El problema de la movilidad

Cada vez es más caótica la movilidad en Bogotá en horas pico y no pico, el transporte público estancado con el sobrecupo, mala operación y altas tarifas de Transmilenio, una presentación definitiva del proyecto de metro elevado que pretende paliar la situación de los buses rojos, sobrepoblación de vehículos particulares, un sistema integrado de transporte público con flota de buses provisionales y operadores en quiebra, etc., no se avizora una pronta solución al problema de movilidad.

En particular el servicio de taxi, directamente afectado por Uber, se ha mantenido anquilosado excepto por algunas aplicaciones de teléfono inteligente que intentan automatizar el servicio, pero demuestra pocas acciones orientadas a mejorar su funcionamiento, como los conductores de taxi renuentes a defender sus intereses de gremio trabajador, incluso a entrar a cotizar al sistema de salud y pensión.

El esquema de cupos que todavía domina el mercado, tuvo loable objetivo genuino de limitar la capacidad de las vías para contener exceso de taxis, pero devino en un mercado persa de la tarjeta de operación al mejor postor, y de este se benefician quienes especulan con el cupo como cualquier título valor, pero allí se olvida a los trabajadores y a los usuarios. Se debe pensar si conviene mantener este modelo de limitación de número de vehículos para taxi, puesto que el costo del cupo además de limitar el número de taxis en la ciudad, utiliza los recursos que se deberían destinar a la mejora del servicio.

Uber es una solución ilegal y es un monopolio

En medio de esta situación aparece una multinacional ofreciendo un nuevo modelo de transporte que aparentemente resuelve en parte este gran problema de movilidad. Pero la solución ofrecida no está enmarcada dentro de las leyes, y la norma proferida por el Ministerio de Transporte colombiano no le sirve a los intereses de Uber porque no se ajusta a lo que ellos consideran que es una plataforma tecnológica, además de ser el resultado de un modelo de negocio de monopolio en su país de origen, como lo aseveramos en una anterior publicación.

Se dice que ahora los negocios tecnológicos no operan como los tradicionales del siglo XX, entonces obtienen una patente de corso impuesta por el mesianismo tecnológico que permite todo, la supremacía de la colaboración de los ciudadanos sin intromisión estatal. Además los antiguos modelos regulatorios del Estado se declaran obsoletos, como parte de un proceso donde las empresas tecnológicas unicornios se vuelven superiores a los países y dictan las nuevas normas según sus designios.

Por ejemplo, Uber se pasa por la faja la regulación de la tarifa que tradicionalmente fue dictada por el Gobierno. Se toman la atribución de definir tarifas, incluso de la proporción dirigida a sus socios limitados. También la Ley Nacional de Tránsito prohíbe que vehículos particulares operen como transporte público colectivo, pero esto no es problema para la patente de corso de Uber: la colaboración de los usuarios y la innovación tecnológica tienen superioridad sobre las leyes nacionales.

Uber comete también competencia desleal porque en la práctica afecta un negocio reglamentado mediante prácticas no reglamentadas y se beneficia de ello. Si fuera al revés, por ejemplo en las famosas soluciones de controversias de los tratados de libre comercio, ya hubieran demandado ellos a la competencia desleal y la expectativa de ganancias por cuenta de esa mala práctica que obstruye el libre comercio.

Nuevamente el modelo Silicon Valley (SV) y la Economía Compartida

Vale recordar lo que se aseveró en la anterior publicación: el negocio de Uber es una muestra del modelo de monopolio de Silicon Valley y una tergiversación de la idea de economía compartida. No hay que confundir dos cosas que van separadas: Silicon Valley no es el padre de la innovación tecnológica, tan solo es un modelo, como hay otros modelos de innovación en tecnología como el modelo híbrido europeo o el de inversión pública ejecutado en la China. Además en el modelo SV se benefician unos intermediarios o socios limitados, quienes dirigen a los inversionistas de riesgo.

Por otra parte, encontramos la aplicación de un esquema de economía compartida. Lo que aquí se defiende es que puede existir este modelo de negocio creado por la tecnología mientras no sea un monopolio el que lo pretenda implantar a las malas a un Estado nacional soberano, so pretexto de la innovación tecnológica.

La moda de compartir recursos tecnológicos como la economía compartida ya existía durante el auge de los sistemas operativos de software libre como GNU/Linux y el internet, porque ellos los compartían información mediante los repositorios de datos peer-to-peer (P2P), y luego ese esquema se extendió a bienes y servicios físicos. Ciertamente en este esquema no hay intermediarios, a diferencia de Silicon Valley y el oxímoron de economía compartida de Uber.

No se debe olvidar que en últimas los bienes y servicios reales son prestados por personas, y que este castillo de naipes se derrumba si no hay un conjunto de trabajadores que produzca dichos bienes y servicios.

Recordemos la conclusión de la primera parte de este análisis: es menos importante la discusión sobre el avance más rápido de la tecnología sobre la ley, si esta perjudica a una parte los ingresos de una parte de la sociedad. En ese caso, no vale la pena establecer un fast track o camino expedito para la legislación, tipo metodología ágil de software, si esta beneficia a una minoría de la sociedad, y si con razones objetivas no beneficia a los usuarios. En caso contrario, considero mejor defender la legislación nacional.

Uber es ingeniería del transporte

Uber se niega a la regulación por dos razones: la que se acaba de exponer, esto es, que hacen parte de un nuevo paradigma de regulación debido a la innovación tecnológica, y la segunda, que no son un sistema de transporte sino una plataforma tecnológica. Ambas provienen del modelo Silicon Valley.

Respecto a la segunda, SV continuó con la cultura de llamar “ingenieros” a los programadores de software con base en la tradicional metodología creada en el área de la Ingeniería de Software. Uber hace parte de SV y llama así a los programadores que hacen parte de su compañía; y en esto tienen razón, pero no porque sea correcto llamar ingeniería a la actividad de escribir programas de computador y sus metodologías relacionadas, sino porque el sistema de transporte que ponen a funcionar podría considerarse una solución de ingeniería del transporte.

Lo anterior para contraponer la idea de sistema de transporte activado por aplicación de software a la de plataforma tecnológica. Uber es un sistema de transporte porque va más allá del software y afecta la operación del transporte en la ciudad, que por sí mismo es un problema de ingeniería. Esta aplicación utiliza la infraestructura pública y las normas de tránsito porque uno de los componentes es, por ejemplo, el cálculo de la ruta más rápida. Por esta sola razón, no se puede sostener que la aplicación sea solamente una plataforma tecnológica.

Entonces aquí se resuelven dos problemas: considerar a los programadores de software como ingenieros por el solo hecho de escribir software, y considerar a Uber como plataforma tecnológica. En este caso solo podemos llamar ingenieros a sus programadores porque su solución requiere una infraestructura de transporte construida mediante la ingeniería, y se debe regir por las normas de tránsito.

Oferta y demanda de transporte

Uno de los argumentos principales que ha sostenido Uber es que resuelve la sobreoferta de vehículos mediante la utilización compartida de los mismos. Sobre esto no hay cifras oficiales, pero a través de las cifras de las entidades públicas haremos una valoración de esta hipótesis.i

En la tabla 1 se resume la evolución de oferta y demanda de las vías y de los diferentes medios de transporte en Bogotá para tres años diferentes. Adicionalmente se incluyen en la demanda las cifras de uso de tarjeta de crédito y de planes de datos para teléfonos inteligentes en Colombia. Una de las primeras cosas que se puede notar es que los datos no son completos porque los hemos tomado de diferentes fuentes, y estos no coinciden necesariamente en tiempos y en la forma de obtención. Invitamos al lector a completarlos.

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La oferta de vías es la demanda de los vehículos en general. Las vías en Bogotá están divididas por la malla vial y los carriles exclusivos del sistema Bus Rapid Transit (BRT), en este caso, Transmilenio. Sobre lo anterior se pueden hacer innumerables análisis, pero aquí nos enfocamos solo en la evolución con respecto a la evolución de la demanda, y lo que se puede ver es que la tasa de crecimiento de kilómetros construidos de vías es menor que la de vehículos que las utilizan. Dentro de esta demanda, aumenta a una tasa mayor la de transporte privado, esto es, vehículos y motos. Entre 2011 y 2015, mientras la cantidad de vehículos particulares en servicio creció en 32 %, los kilómetros de malla vial apenas crecieron en 4 %.

La oferta de vehículos en general es la demanda de los usuarios, medida en cantidad de viajes diarios. La mayor cantidad de viajes, omitiendo los viajes a pie que no utilizan la malla vial, la realizan en su orden los BRT y los vehículos privados, y la tendencia de estos últimos es a crecer por encima del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y el Transporte Público Colectivo (TPC).

En especial en el año 2015, los vehículos particulares en un día de servicio son casi diez veces más que los vehículos BRT, SITP y TPC juntos 1.5 millones contra 16 mil, mientras que los primeros realizan proporcionalmente a lo sumo tres veces menos viajes que los últimos 1.8 millones contra 5 millones. Es una utilización antidemocrática de la oferta de vías, en la cual podemos estar en desacuerdo en las formas de equilibrar la oferta. Por ejemplo, los últimos alcaldes de Bogotá han promovido la menor utilización del carro particular, incluso hasta prohibirla. En cambio, no han hecho el menor esfuerzo por promover la integración de diversos medios de transporte público con un eje estructural, por ejemplo el metro.

Finalmente, debemos extrapolar las cifras de Colombia a las de Bogotá en el caso de los tarjetahabientes y los usuario de plan de datos de celular debido a que no encontramos las cifras de la capital. De un universo de 47 millones de colombianos, el 29 % posee tarjeta de crédito, y el 11% posee plan de datos, unas cifras no muy altas que seguramente no varían mucho para Bogotá.

En este contexto aparece Uber a promover el vehículo particular compartido para supuestamente disminuir la utilización del automóvil. Pero desde su entrada en operación, en el año 2013, no hemos visto otra cosa que la tendencia desmesurada a aumentar la cantidad de vehículos particulares en la ciudad, cerca de 100 mil por año, perjudicando el acceso democrático a la escasez de vías en Bogotá.

No se puede deducir que la tasa de crecimiento de vehículos haya aumentado por cuenta de Uber, pero tampoco se ha visto que esta cantidad disminuya. Pero si así fuera, en razón a que conductores independientes quisieran afiliarse a este servicio, el aumento de vehículos sería en aras de una proporción pequeña de ciudadanos que cuentan con plan de datos y tarjeta de crédito, perjudicando a la mayoría en el acceso democrático a las vías.

Pew Research Center realizó un sondeo en los EE. UU. para conocer la demanda de servicios de carro compartido entre los ciudadanos norteamericanos, y encontró la siguiente tendencia. A mayo de 2016 tan solo 15 % de los estadounidenses habían utilizado alguna vez un servicio de carro compartido como Uber, y apenas 17 % de esa proporción lo utilizó diaria o semanalmente, la mayoría de ellos con ingresos anuales mayores a USD 75 mil ($225 millones al año, $18.75 millones al mes). Para el despliegue y el tamaño del negocio de esta empresa según estas cifras, no se considera que sea un beneficio para toda la población, lo que se puede ver es que satisface un pequeño segmento del mercado exclusivo, que se puede llamar si se quiere “transporte de lujo”.

Las anteriores conclusiones no pueden ser una demostración última de la ineficacia de Uber, ya que cuentan otros factores de la gestión pública en la movilidad, pero demuestran en gran parte que esta no sería la gran solución como la han querido vender, ni en general el esquema de compartir vehículos privados.

Una solución posible

Retomando las conclusiones expuestas, se puede proponer una solución a la situación a la que nos ha llevado Uber con una norma sin aplicación.

Lo primero es decir que no se rechaza el modelo de negocio de economía compartida ni el de el transporte de lujo. Son esquemas válidos en tanto que no sean impuestos por una multinacional por encima de la ley, so pretexto del mesianismo tecnológico. Vamos a ver el caso de China.

En China se reglamentó la utilización de Uber de tal forma que esta tuvo que llegar a un acuerdo con su competencia local, Didi Chuxing, de quien entró hacer parte, con el objetivo de no permitir su predominio en el mercado de ese país. Se reglamentó por parte del Gobierno la propiedad de los datos personales, la definición de la tarifa, y la expedición de licencias de conducción especiales para vehículos compartidos. Más que una decisión técnica, fue una decisión política para no permitir que una multinacional extranjera tuviera tanto poder en el país, dando preferencia al prestador del servicio nacional sin acabar con el modelo de negocio.

Evidentemente el nuevo segmento del mercado sube el techo de la calidad ganando respaldo entre los usuarios, pero la propuesta no debería desalojar a todos los otros medios de transporte público individual, sino reglamentar el nuevo sector como lo definió la norma del Ministerio de Transporte. Pero Uber quiere todo el mercado y la regulación actual se lo impide, y los colombianos se lo estamos permitiendo. Uber debe entender que la decisión soberana es que opere sin pretender monopolizar el mercado y que opera como servicio de transporte y no como plataforma tecnológica. Además debería cumplir legislación laboral y dejar de tratar a los conductores como trabajadores independientes, como lo profirió la justicia en el Reino Unido.

Respecto al servicio de taxi, se debe igualar o superar el techo de calidad que ha creado Uber y las demás aplicaciones de vehículo compartido, además de modificar el esquema de cupos de taxi y el de contratación laboral. Tal vez el Estado debe intervenir para regular los precios de esos cupos, de tal forma que estos no crezcan desmesuradamente ni para el beneficio de unos particulares.

De igual manera, la reglamentación laboral debería incluir horarios y prestaciones sociales, y que se le permita a los taxistas operar voluntariamente horas extras para no afectar sus ingresos actuales. Y naturalmente que las empresas de taxis inviertan para mejorar el servicio en atención al usuario, capacitando a los conductores en conocimiento sobre la ciudad, cumplimiento de normas de tránsito, y dando mayor relevancia a la utilización del software para cubrir todos los aspectos técnicos del viaje, como la distancia, evitar los embotellamientos y reemplazar los viejos taxímetros.

¿Considera usted que estas hacen parte de la solución al mejoramiento del servicio de transporte público? Haga sus comentarios.

@rodcruzh

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i  Los datos del análisis que se hacen en este artículo provienen de la siguientes fuentes:

Vías BRT: Transmilenio, 2016.

Vías malla vial: El Espectador, 2011; Veeduría Distrital, 2015; Secretaría Distrital de Planeación, 2016; Secretaría de Ambiente de Bogotá, 2016.

Taxis en operación en Bogotá: El Espectador, 2016.

Vehículos en operación por mes en Bogotá: Estadísticas de Transporte, DANE, 2015.

Viajes en Bogotá por modalidad de transporte: Encuenta de Movilidad, Secretaría de Movilidad Bogotá, 2016.

Tarjetas de crédito en Colombia: Asobancaria, 2015.

Planes de datos en Colombia: MinTIC, 2016.